La oposición de terceros más allá del tenor literal

En más de una oportunidad he escuchado una interpretación errónea sobre el procedimiento de oposición de terceros, que surge a partir de una interpretación literal del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

La norma establece: “Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo.”.

A partir del tenor literal, hay quienes ven un procedimiento obligatorio para el órgano público, que impediría la posterior denegación en caso de afectarse derechos de las personas. Sin embargo, con ello surgen interrogantes: ¿El órgano público puede no iniciar un procedimiento de oposición bajo ciertas circunstancias? ¿Cuáles serían? ¿La denegación está condicionada a un procedimiento de oposición previo? ¿Pueden aplicarse de forma independiente? ¿Y de manera concomitante? 

El procedimiento de oposición sólo puede exigirse bajo un criterio de realidad. 

La obligación que se desprende del tenor literal del artículo 20 dista con mucho de la eficacia de la norma. A diario se ven casos que afectan derechos de las personas, pero no puede llevarse a cabo el procedimiento de oposición.

Por esa razón, nos parece que la aplicación del procedimiento de oposición de terceros presupone la concurrencia de ciertos requisitos lógicos que hagan viable su tramitación, aunque no se encuentren explicitados en la Ley.

Siguiendo un criterio de realidad, en primer lugar es necesario identificar el documento solicitado dentro de un brevísimo plazo de dos días hábiles para poder conocer si la difusión de su contenido puede afectar derechos. Sin embargo, la complejidad y/o extensión de ciertas consultas difícilmente permite reunir la documentación en ese plazo, de manera que una vez agotado, el procedimiento de oposición resultaría extemporáneo.

Del mismo modo, la oposición supone que el órgano público cuente con datos de contacto actualizados de los terceros eventualmente afectados, para poder notificarlos dentro del plazo mencionado, situación que escasamente se obtiene del mismo documento, de manera que implica rastrearlos en ese plazo de dos días.

A ello se suman los casos en que la información solicitada involucra a un número elevado de terceros, lo que torna aún más compleja la vía de notificación por carta certificada y abre la posibilidad de que sólo algunos de esos terceros puedan ser ubicados. 

Por consiguiente, la redacción imperativa y aparentemente clara del artículo 20 encierra una norma confusa, desde el punto de vista de su eficacia y que admitiría situaciones no explicitadas en las que órgano público puede no iniciar la oposición.  

Siguiendo mis comentarios sobre la oposición de terceros, existe algo más sobre la forma de notificación. El artículo 20 de la Ley de Transparencia señala que el órgano público deberá notificar por carta certificada. Sin embargo, dada la brevedad de los plazos y los presupuestos lógicos ya mencionados, creo que la notificación de terceros puede verse facilitada por otros medios.

Por ejemplo, no vemos inconveniente en notificar de manera personal a los terceros o incluso, a través de correo electrónico. En este último caso, las acciones posteriores del tercero que supongan un conocimiento de la solicitud –aceptando la petición u oponiéndose por escrito y fundadamente a la entrega- serán el resultado de una notificación tácita, contemplada en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

De este modo, si se ignorara el domicilio o los terceros fueran muchos, la utilización de correos electrónicos sería una vía posible y eficaz, admitida por el Reglamento de la Ley de Transparencia (art.37). Ello incluso pese a que el tercero no manifiesta previamente su voluntad de ser notificado a través de una comunicación electrónica.

¿Por qué?

Porque las notificaciones del procedimiento de acceso –incluida la oposición de terceros- se realizan conforme a los artículos 46 y 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, se admite la notificación tácita, esto es, aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere fuere viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto, que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad.

Por lo tanto, pese a la rigidez aparente del tenor literal del artículo 20, la notificación puede verse flexibilizada para conseguir la finalidad de la norma: que un tercero tenga posibilidad de manifestar su postura ante una eventual vulneración de sus derechos con la entrega de información.

La potestad de denegar es independiente del derecho de oposición

Finalmente, hemos visto que algunas personas, interpretando literalmente el artículo 20, piensan erróneamente que la única vía de protección de derechos es a través de la oposición de terceros, olvidando la potestad que se reconoce en el artículo 21 N°2, para que el órgano público deniegue una solicitud si su publicidad afecta los derechos de las personas.

Se trata de dos vía independientes que el legislador contempla para la protección de los derechos de terceros. De modo que un órgano público no necesita iniciar previamente la oposición de terceros, antes de denegar por resolución fundada.

La principal diferencia entre ambas está en el responsable de justificar la postura contraria a la entrega de información. Si lo hace el propio tercero a través del derecho de oposición, es él quien manifiesta por escrito y libremente sus razones, asumiendo la eventual carga de presentar descargos y observaciones ante un reclamo. En cambio, si la denegación la realiza el órgano público en ejercicio de la potestad que se le concede en el artículo 21 N°2, será éste quien fundamente su decisión y se haga responsable de demostrarla ante el Consejo en caso de un amparo.

Por lo tanto, si un órgano público deniega una solicitud por estimar que su publicidad afecta derechos de terceros, en ningún caso estaría vulnerando la Ley de Transparencia a través de un actuar arbitrario, si no inicia antes el procedimiento de oposición, porque se sustenta en el ejercicio de una potestad reglada en ese cuerpo legal. De este modo, ponderará la situación, apreciará el eventual daño a los derechos de las personas y calificará fundadamente la procedencia de denegar un documento, asumiendo la responsabilidad de justificar su decisión cada vez que sea necesario.

(Estas opiniones son exclusivamente personales y no representan necesariamente la postura de las instituciones con las que me vinculo)